EL TSJCV EN UNA NOTA OFICIAL INFAME I PRENENT PART, REDUEIX L’EDAT DE LA DESNONADA I SENYALA QUE EL FILL VIU EN UN EDIFICI AMB PISCINA

En una nota infame i parcial, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha distribuït EFE i que ocupa el gros de la notícia en el Levante-EMV i en LAS PROVÍNCIAS digitals, -nota oficial del TSJCV on es pren part pels usurers- redueix l’edat de la desdonada i senyala sense venir a compte que el fill viu en un edifici que -diu- té una piscina. Toni Blasco de LAS PROVINCIAS que s’ha personat a Serveis Socials i ha entrevistat a la desnonada, ha tingut el gest de demanar a la redacció de retirar la frase intencional del TSJCV. L’advocada de la desdonada rebia el 20 de desembre notificació que el desdonament seria per al 19 de gener. La frase intencional del TSJCV sencera abans de ser retirada de LAS PROVINCIAS, i que al Levante-EMV la manté:TSJCV
La frase del TSJCV mantinguda al Levante-EMV
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19 de enero 2017 (3).pdfLa crònica de Toni Blasco en LAS PROVINCIAS fa objectiva la notícia davant de la parcialitat de la nota oficial de TSJCV distribuida per EFE i que aclapara el gros de la maquetació.

Desahucian a la madre de un coordinador de Stop Desahucios de Valencia

Desahucian a la madre de un coordinador de la plataforma Stop Desahucios de Valencia

/ Toni Blasco
Francisco Gutiérrez solicitó un préstamo para un negocio a una sociedad de crédito privada y puso como aval la vivienda de sus padres

TONI BLASCO- LAS PROVINCIAS / EFE | valencia


Isabel López Borreguero de 79 años, madre de uno de los coordinadores de la plataforma Stop Desahucios de Valencia, Francisco Gutiérrez, ha sido desahuciada hoy de su vivienda, en ejecución de un proceso judicial iniciado en 2013 en un juzgado de la capital. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Gutiérrez solicitó un préstamo para intentar reflotar un negocio a una sociedad de crédito privada y puso como aval la vivienda de sus padres, en la calle Tenor García Romero de Valencia. Cuando dejó de pagar durante dos mensualidades consecutivas, los prestamistas le demandaron e instaron al desahucio, momento en el que adeudaba 39.000 euros de principal y 12.000 de intereses, según las mismas fuentes.
El TSJCV ha explicado que el pasado mes de abril se acordó el desalojo y se dio a la madre, la única que vivía en la vivienda tras haber fallecido su marido, el plazo de un mes para que la abandonara, si bien se recurrió ese acuerdo y el proceso quedó paralizado. Las mismas fuentes han indicado que el pasado 4 de noviembre se volvió a acordar la ejecución del desahucio, que se notificó a la mujer el 8 de noviembre y se le comunicó que se procedería al desalojo el 2 de diciembre, si bien ese día se habían congregado allí miembros de la plataforma y la comisión judicial pasó de largo para “evitar tensiones”.
El pasado martes la comisión acudió de nuevo a la casa, donde al llegar no había nadie, y procedió a quitar la cerradura y precintar la vivienda, si bien al día siguiente los prestamistas acudieron al juzgado a comunicar que se había roto el precinto judicial y que la vivienda había sido ocupada. Las mismas fuentes han añadido que la comisión judicial ha acudido de nuevo hoy a la vivienda acompañada de la Policía Nacional “a la vista de los antecedentes”, donde ha ejecutado el lanzamiento y se ha dado la llave a los Servicios comunes para que comuniquen cuándo irán a recoger las dependencias.
Desde la plataforma Stop Desahucios, uno de sus coordinadores, Carlos Montalvo, ha criticado que tres furgones policiales han acudido esta mañana a ese domicilio, lo que a su juicio ha sido “desproporcionado”, y ha adelantado que presentarán una denuncia en el juzgado. Montalvo ha indicado que están intentando negociar con los Servicios Sociales municipales una alternativa habitacional para la mujer, de la que ha dicho que tiene 80 años y un cuadro de depresión, y ha señalado que les habían asegurado que “en Navidades no iban a desalojar a ninguna familia”.
Desde el TSJCV han señalado que la mujer tiene 79 años, dispone de una pensión mensual de 900 euros y jamás ha pedido la intervención de los servicios sociales. Además, han añadido que si el desalojo se ha producido en vísperas de Navidad ha sido por todos los recursos que se han presentado a una resolución que desde el pasado abril se intenta ejecutar.
La anciana desahuciada relata a LAS PROVINCIAS, que al volver de Correos de recoger una notificación, alrededor de las nueve de la mañana, se ha encontrado frente a la puerta del edificio un amplio dispositivo policial con tres furgones de antidisturbios y una docena de agentes, asustada e intuyendo que el desahucio se iba a levar a efecto, se ha puesto en contacto telefónico con su hijo, que poco después se personaba en la vivienda con su esposa.
Isabel cuenta que el pasado viernes día dos, se personaron en el juzgado y les garantizaron que durante las Navidades no se produciría el desahucio y le notificarían la nueva fecha, pero al abrir la puerta de la vivienda tras insistentes llamadas, se ha encontrado con la comisión judicial y tres policías uniformados. Una de las personas componentes de la comisión le ha indicado: “sabe usted que este piso ya no es suyo, y tiene que salir inmediatamente”. Apenas le han dado unos instantes para recoger en una bolsa con lo más preciso, según la anciana. Sin embargo, un miembro de la comisión judicial ha manifestado a LAS PROVINCIAS que le han explicado a la mujer que puede volver otro día a la vivienda para realizar el traslado de todas sus pertenencias.
Elizabeth, nuera de la afectada, comenta que inicialmente han intentado resistirse a abandonar el inmueble, pero han sido desalojados por los agentes. Según su testimonio, una mujer de la plataforma Stop desahucios que han acudido al ser avisados , ha caído al suelo y ha sido sacada del domicilio a rastras y se queja de la desproporción con la que se ha llevado a cabo tratándose de una anciana de casi 80 años.
Francisco Gutiérrez, nieto de guardia civil e hijo de la mujer desahuciada y coordinador de Stop Desahucios, teme que tras el desalojo de su madre sea él y su familia la que tenga que abandonar su domicilio, ya que está pendiente de una orden judicial y lamenta que estos hechos se produzcan. “De momento, esta noche la pasará en mi casa si cuando lleguemos no nos han cambiado la cerradura y nos tenemos que quedar todos en la calle”, afirma.
Desde los Servicios Sociales municipales, con los que han mantenido una reunión esta misma mañana, se han comprometido a tratar el caso para intentar encontrar “una alternativa habitacional a la mayor brevedad posible”.

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